—Hijueputa, te vamos a matar por cada muchacho que me cojan de la calle, te vamos a matar en persona — y colgaron.
Esta fue la primera de una cadena de amenazas que recibió Orlando Castillo, líder afrocolombiano y uno de los promotores del hoy establecido espacio humanitario en la calle San Francisco (antiguo Puente Nayero), del barrio La Playita.
Era el 8 de mayo de 2014, y se cumplía casi un mes desde que la comunidad anunciara la conformación de una zona humanitaria como mecanismo de protección ante las violaciones a sus derechos humanos, amenazas y hostigamientos cometidos por los grupos armados del lugar.
Recibió dos llamadas más por el estilo en menos de cuatro días.
—Triplehijueputa, vamos a pelar a cualquiera de los de la comunidad por estar trayendo a esos hijueputas —, le decían, refiriéndose a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que estaban apoyando la conformación de la zona humanitaria.
El 13 de abril de 2014 la comunidad dio inicio al Espacio de Vida Humanitario Puente Nayero, que hoy beneficia a 1.028 personas distribuidas en 302 familias. Se le denominó ‘espacio’ porque, para considerarse como ‘zona humanitaria’, no podría existir ningún tipo de grupo armado (legal o ilegal) y, aún en la periferia, hay presencia de policías.
La conformación del espacio humanitario desató una serie de amenazas, asesinatos en la periferia, extorsiones y torturas. Paramilitares y bacrim se metían de noche y al otro día, cuando aparecía algún cuerpo en la frontera del barrio, se culpaba a «El diablo», «El Chino», “Perry”, “Nano”; nombres de miembros de los ‘Urabeños’ o de la ‘Empresa’.
A partir de esto, la comunidad solicitó a la Policía y a la Infantería de Marina que taponaran cinco sitios por donde entraban los ilegales y no atendieron el llamado. Pero no se dejaron vencer y consiguieron que al presentar los casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuviera al tanto de la gravedad y decidiera “adoptar las medidas cautelares necesarias para preservar la vida y la integridad personas de los miembros de la comunidad», y entró a sacar a las bandas criminales.
Luego, el Ministerio de Defensa ordenó “cubrir las zonas terrestres del autodenominado espacio humanitario, las rondas y un control perimetral que estaría implementando miembros de la Policía Nacional”.
No solo la comunidad de Puente Nayero se cansó. En general, Buenaventura venía hastiada, desangrada por el conflicto, utilizada por las empresas privadas que se aprovechan del puerto y abandonada por el Estado. Y manifestó su cansancio: hace un año hizo la primera gran manifestación contra la violencia.
Hace un año, Buenaventura se llenó de ataúdes. Ataúdes, que por esta vez no cargaban muertos sino esperanza, indignación y exigencia. Esa vez, enterraban la violencia. Más de 20 mil personas salieron a las calle para protestar contra los actores armados que afectaban al municipio y se dirigieron a la Alcaldía Distrital, en la marcha que denominaron “Entierro de la violencia para vivir con dignidad”.
¿Y funcionó?
Desde entonces, según la Personería de Buenaventura, “la situación paulatinamente está en calma pero no deja de preocupar a las entidades porque se siente más segura en algunos barrios pero hay otros sectores, como en la comuna 12, donde está incrementando el desplazamiento forzado. En general, se han reducido las tasas de homicidio, pero a la par se ha aumentado la desaparición forzada, que muchas veces no es denunciada por los familiares”.
Buenaventura es una de las ciudades más violentas y empobrecidas del país a pesar de la inmensa riqueza que entra y sale de la región. Es el puerto más grande de Colombia y su población no recibe ningún beneficio por ello.
A finales de los 90 la violencia pisó (para quedarse) tierra porteña. Antes de eso, Buenaventura era pobre pero tranquila. La situación empeoró cuando se proyectaron diferentes megaobras y se construyó la carretera alterna para el paso de tractomulas con mercancía de importación y exportación. Pero su época más oscura empezó desde 2011, cuando se rearmaron los grupos paramilitares que en el pasado se habían desmovilizado, como el Bloque Calima. Bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘La Empresa’ se disputaban (y siguen haciéndolo) el dominio del territorio con ‘Los Urabeños’, causando la agudización de la violencia entre 2012 y principios de 2014.
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y noviembre de 2013 se reportaron 1.303 familias desplazadas (cerca de 4 mil personas) en el área rural y urbana de Buenaventura. De acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, ese mismo año se reportaron 78 casos de desapariciones.
Las cifras entregadas por la Policía Nacional señalaron que, desde enero de 2010 a marzo de 2014, la tasa más alta de homicidios se presentó en octubre de 2012, con 36. En 2013 hubo, en total, 140. Y solo en febrero de 2014 la cifra llegó a 28 homicidios, ocupando el segundo puesto en el Valle del Cauca.
“En el transcurso del año pasado se capturaron 311 integrantes de la banda criminal de ‘Los Urabeños’ y de ‘La Empresa’, se logró una reducción de menos 36 homicidios respecto al 2013. Se capturaron a 70 personas que estaban delinquiendo por extorsión, 20 por secuestro. Y este año ya vamos en un rango de menos 23 homicidios, es decir una reducción del 88% respecto al año pasado”, dice el Coronel Marcelo Russi, de la Policía Nacional.
Sin embargo, asegura que trabajar en la parte social y la tolerancia entre la población es fundamental, y una especial atención a la niñez porque es el sector más vulnerable en Buenaventura.
La creación del Espacio de Vida Humanitario hizo que la calle del antiguo Puente Nayero se convirtiera en un oasis dentro de la violencia vivida en Buenaventura. Hoy en día es una zona libre de armas, protegida por una burbuja invisible que ha permitido que el día de sus habitantes no se acabe a las seis de la tarde, como sucedió en un época, que el temor se disipe y que la comunidad vuelva a resurgir.
“En noviembre de 2013 empezaron a haber muchos asesinatos dentro del barrio, a aparecer cuerpos desmembrados, y casas de pique. Entonces, la comunidad decidió hacer algo porque no podíamos seguir viviendo así. Buscamos a la Comisión y logramos constituirnos. Ha sido una alegría, la gente aquí vive absolutamente tranquila. No se ha presentado un solo desplazamiento, nada de homicidios, todo está en calma, finalmente”, comenta Nhora Castillo, líder del espacio humanitario.
¿Será, entonces, que la solución de Buenaventura, es convertir al puerto en un espacio humanitario? ¿Puede, toda una ciudad, azotada por la violencia, sobrevivir sin presencia de fuerzas públicas?
Según Nhora, así debería ser: “Militarizar Buenaventura, no es la solución. A las comunidades les falta un poquito más de unión, porque la unión hace la fuerza. Nosotros al principio pensábamos que no íbamos a poder, pero ya tenemos diez meses en los que estamos completamente tranquilos y felices, pero sabemos que seguiremos vulnerables por el peligro que todavía hay fuera de nuestro espacio. Y ahí estamos y Buenaventura va pa’lante”.
Sin embargo, la Policía opina diferente: “Primero que todo, ahí no existe un espacio humanitario, lo que existe es una petición que no cumple los protocolos para ser considerado oficialmente como tal. Es que en ninguna parte del mundo, llámese policía o como se llame, hay ausencia completa de una autoridad que sirva de regulizador y catalizador para reducir problemáticas sociales de intolerancia y violencia. Ellos están desligitimando nuestra autoridad. Además, una cosa es una sola calle, otra es toda una ciudad; la reducción de la violencia en esa zona no se debe al espacio humanitario, sino a que las dinámicas de la fuerza pública están funcionando para disminuir los índices de violencia. Hay barrios aparte de ese espacio que no presentan problemas», de acuerdo al Coronel Russi.
Para la Personería, el mensaje que está dejando la creación de un espacio humanitario es preocupante: «Demuestra que al Estado le quedó grande la protección y seguridad de su gente, porque si son los mismos ciudadanos los que les toca pedir este espacio es porque no se sienten respaldados. De todas maneras, no es fácil constituir los espacios humanitarios, porque estos consisten en poner una barrera y cerrar el bariro, o la ciudad, y eso no se puede hacer con todo un puerto».
Vea el documental Buenaventura: desmembrada y desplazada, para conocer a Nhora y otros de los líderes de Puerto Nayero, y ver de cerca uno de los fenómenos violentos más críticos de Colombia en 2014: el desmembramiento sistemático de las víctimas de la guerra entre bandas criminales.