“Vamos a proponer un referendo para decidir si partimos al Cauca en dos. Uno indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones. Y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”. Esta es la propuesta de la senadora Paloma Valencia que ha generado todo tipo de comentarios, burlas y ofensas, principalmente a través de las redes sociales. Tal ha sido la indignación, que Valencia tuvo que salir a los medios de comunicación a explicar los alcances de una idea que a muchos les parece racista y discriminatoria.
Algunos han aprovechado la oportunidad para recordar que Valencia pertenece a una familia de terratenientes del Cauca. Y que su bisabuelo, el poeta y candidato a la presidencia, Guillermo Valencia, fue uno de los principales enemigos del indígena Quintín Lame, el pionero de las tomas de tierra en ese departamento del suroccidente colombiano. Lo cierto es que a la congresista del Centro Democrático se le colmó la paciencia porque, desde hace tres semanas, cientos de indígenas nasa invadieron las fincas de un ingenio azucarero argumentando que son sus legítimos propietarios.
109 indígenas y 7 policías heridos es el saldo trágico desde que comenzó el nuevo proceso de tomas de tierras en el Cauca.
En un primer momento, Valencia expresó su inconformidad en un trino que decía: “Las tierras del Cauca son de sus dueños legales, lo de los indígenas es una invasión violenta”. Pero esta vez fue más lejos y lanzó la propuesta que hoy tiene a gran parte del país en su contra. Hasta ahora, han tomado parte en la discusión miles de tuiteros, políticos y analistas. ¿Pero qué piensan los potenciales afectados? En esta entrevista, Hector Fabio Dicué, consejero de la Asociación de Autoridades Indígenas del Norte del Cauca, explica los motivos por los que se decidieron revivir las tomas de tierras y responden uno a uno los señalamientos de la senadora Valencia.
PACIFISTA: ¿Qué piensa de la propuesta de la Senadora de dividir el Cauca en dos partes?
Héctor Fabio Dicué: Siempre hemos sido propositivos y tratamos de plantear soluciones sobre temas importantes que afectan la realidad nacional. Con mucho respeto, vemos que esta propuesta no permite construir algo positivo para el país. La senadora Valencia ha generado un nuevo conflicto y no queremos caer en el juego de la confrontación a través de los medios de comunicación. Más bien estamos tratando de explicar en qué consiste lo que hemos llamado la liberación de la madre tierra y darle más elementos a la sociedad colombiana para que se entienda más fácil esa decisión por parte de nuestras comunidades.
P: ¿En qué consiste la liberación de la madre tierra?
H: Haga de cuenta que una persona adquiere una moto, le dan sus documentos y las autoridades correspondientes le certifican que son legales. Un día, esa persona cae en un retén de la Policía y, al revisar los documentos, se dan cuenta de que es robada. Entonces obviamente le toca devolverla. Eso es lo que está pasando en este momento en el Cauca. Acá algunos particulares se adueñaron de grandes extensiones de tierra desconociendo que en esos lugares ya habitaban con anterioridad comunidades indígenas, afros y campesinas. Luego les fueron tituladas por el Incora y por eso dicen que son los dueños legales. Eso es cierto, pero tenemos que mirar cómo obtuvieron esas tierras. Los ingenios sí tienen una titularidad desde el punto de vista legal, pero las transacciones se hicieron a través del uso de la fuerza, del daño, generando desplazamiento. Esa es la situación que da origen a la reclamación de las tierras. Queremos que ese territorio sea reintegrado para poder sobrevivir como pueblo.
P: La senadora Paloma Valencia dice que mucha gente en el Cauca está preocupada porque no saben “cuál va a ser el límite del crecimiento del territorio indígena”.
H: No vamos a llevar nuestro planteamiento hasta el punto de decir que entonces todos se tienen que ir de Colombia porque todos los que habitábamos antes éramos indígenas. Nosotros somos conscientes de los límites de nuestras exigencias y no estamos llegando al extremo como algunos lo quieren hacer ver.
P: Valencia también dice que sus reclamos son injustificados porque, siendo el 20 por ciento de la población, tienen más del 30 por ciento de las tierras productivas del Cauca
H: Eso no es totalmente cierto. El 33 por ciento del territorio es propiedad de los indígenas, pero no todas las tierras son aptas para la agricultura. Si uno mira un mapa del Cauca, se da cuenta de que las comunidades habitan por encima de los 1.500 metros de altura y en algunas partes hay pendientes muy pronunciadas. Además, la mayor parte son lugares sagrados, páramos, lagunas y nacimientos de agua, es decir, son áreas de conservación. En la parte restante, los suelos están sobrexplotados y tienen alto riesgo de erosión. Allí es donde vivimos y trabajamos. La cantidad de tierra es muy poquita en relación al número de habitantes. Por último, para nadie es un secreto que las tierras más aptas para la agricultura se encuentran en la ribera del río Cauca, justamente donde la concentración de la propiedad es mucho mayor y donde los suelos no están siendo explotados como debería ser.
P: ¿Dónde quedan las fincas que ustedes se han tomado?
H: En el municipio de Corinto, entre los ríos Guengües y La Paila, en la parte de arriba de la vía que conduce a Miranda. En esas fincas nacieron los abuelos de muchos de los compañeros que están luchando para recuperarlas, por eso el vínculo con esas tierras. Pero esas tierras ahora son de Incauca, que es el que tiene ahí montada su agroindustria de la caña.
P: Según ustedes, la propuesta de la senadora Valencia no contribuye a acabar el conflicto, ¿cuál es entonces la solución?
H: Para hacer la paz no solo hay que silenciar los fusiles. Eso es un avance, pero no todos los problemas del país tienen como origen el conflicto armado que hemos vivido hace 60 años. También está de fondo la tenencia de la tierra. Por eso estamos proponiendo un acuerdo entre las organizaciones sociales (indígenas, afro y campesinos), el gobierno y los empresarios que en este momento tienen la titularidad sobre estos predios. La idea es que todo concluya en la construcción de una zona de seguridad alimentaria, es decir, que esos terrenos se destinen al cultivo de alimentos, porque en este momento solo hay caña y eso se está destinando a la producción de etanol para combustibles. Los empresarios podrían hacer un gesto de paz reintegrando el número de hectáreas que sean necesarias para este acuerdo de convivencia entre las comunidades. Hay que aprovechar este momento coyuntural para hablar de escenarios de paz y para darle una salida definitiva a este problema.
P: ¿Qué ha dicho el gobierno?
H: El lunes tuvimos una reunión con una comisión facilitadora compuesta por Todd Howland, de la ONU, por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, y por el padre Francisco de Roux. El gobierno dijo que esta semana no se puede reunir con nosotros. Entonces habrá que seguir esperando.
P: ¿Qué va a pasar mientras tanto?
H: Como muestra de voluntad para resolver el problema, se decidió que no se va a seguir presionando mediante la alteración del tránsito en la vía Panamericana. Por ahora se va a continuar en los predios, liberándolos y trabajándolos. Ya se está sembrando fríjol, maíz, plátano y yuca; que es lo que se necesita para que las comunidades se alimenten. En últimas, lo que se está planteando es que las tierras tienen que ser devueltas y el gobierno deberá adoptar los trámites que correspondan.
