Por: David Mayorga
El posconflicto se puso de moda a finales de 2012. Fue después de que Colombia le presentara al mundo su nuevo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, con el que busca no solo culminar casi 60 años de conflicto armado sino transformar el país.
Desde entonces, el ideal de un país donde los campesinos puedan tener un ingreso asegurado, donde los excombatientes puedan vivir sin ser señalados, donde las drogas se entiendan como un problema de salud, donde las víctimas sean respetadas y reparadas, donde la guerra sea un recuerdo amargo del pasado, se ha convertido en una consigna.
Pero ella tiene que tener asidero en la realidad. De hecho, es una realidad muy colombiana: todos la desean pero nadie sabe cómo llevarla a cabo. En especial, a la hora de financiarla.
En términos prácticos, el Gobierno sabe que ese futuro ideal le costará alrededor de 80 billones de pesos, casi la tercera parte del presupuesto de Colombia para 2015 (lo reconoce el centro de pensamiento Fedesarrollo, admitiendo que esa cifra se pagaría en 10 años). Pero no es muy claro de dónde saldrá el dinero.
Y todo por cuenta del petróleo. Cuando el Ministerio de Hacienda elaboró el año pasado el presupuesto para 2015, de $216,2 billones, fijó un precio promedio del barril de petróleo de 98 dólares. Se tendrán que hacer ajustes, porque el barril comenzó febrero por debajo de los 50 dólares.
La caída del petróleo afecta directamente los ingresos que Ecopetrol le gira a la Nación. Foto vía Wikimedia.
Esa caída preocupa, en especial porque Colombia ya no es el país cafetero de antes. Desde la década pasada, cuando el barril de crudo sobrepasó los 100 dólares y el Gobierno promovió la exploración, el petróleo y sus derivados se convirtieron en el principal producto de exportación (según el Dane, entre enero y noviembre de 2014 los combustibles significaron el 67,21% de las ventas).
Los números pueden asustar, pero la escena no es tan difícil de entender. Pensemos en una familia que vive en una casa deteriorada, con goteras, vidrios rotos y paredes agrietadas. Necesita cambiar de vivienda pero no tiene todo el dinero para hacerlo. La explicación es sencilla: antes lo tuvo pero nunca ahorró. La familia buscó otras entradas pero todas fracasaron. Y, para completar, la empresa donde el papá trabaja, le advierte que está en crisis y le bajará el salario a la mitad.
Algo así pasa con Colombia. Lo demostró el PNUD con el informe Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo, según el cual, en un escenario totalmente pesimista, con un barril a 60 dólares, disminuyen las exportaciones, se reduce la inversión extranjera y un dólar más caro.
Es, en síntesis, el inicio de una cadena de desgracias. “Con menos precio de petróleo se generan menos utilidades en las empresas, se paga menos impuesto a la renta, menos regalías y se entregan menos dividendos. Golpea al Estado de tres formas diferentes: Ecopetrol le da menos dividendos (ingresos), le paga menos impuestos y le da paga menos regalías (fondos a las regiones donde se extrae el crudo)”, explica César Ferrari, Ph.D. en Economía y catedrático de la Universidad Javeriana.
El país tampoco puede echarle mano al ahorro, sencillamente porque, desde hace mucho tiempo, desgastó su principal fuente de entrada: los impuestos. Los más ricos son los que menos pagan y, en su lugar, son las empresas y la clase media, las que cargan el Cristo a cuestas.
Lo advirtió la OCDE hace un mes, cuando recomendó reducirles los impuestos a las empresas y subírselos a sus dueños.
“Aquí todo se le carga a las empresas. ¿Por qué? Los dueños del país no quieren pagar impuestos de su plata, prefieren cargarlos a sus empresas, porque saben que se pagan sobre utilidades. Y si no las obtienen, no pagan”, explica Ferrari, quien añade que esto genera un problema mucho mayor: “Las empresas medianas y chiquitas procuran ser lo menos transparente posible en su contabilidad, porque pagan menos impuestos. ¿Quién en su sano juicio va a pagar más del 30% en impuestos si sabe que unas empresas, las más ricas, pagan 15% si construyen zonas francas?”.
Una salida rápida es pedir un crédito. Pero, de nuevo, el país se enfrenta a dificultades: si lo hace en el exterior, lo haría en dólares y, al traerlos, bajaría la tasa de cambio (con un dólar barato, las empresas ganan menos y sus utilidades disminuyen); si lo hace en casa, tendría que pagar intereses altísimos. Es un mal endémico, tolerado por el Estado. En 2013, un informe del Banco de la República reconoció que el sector bancario colombiano se maneja como un auténtico monopolio: cinco bancos controlan el 63,4% de la cartera de préstamos.
Esto hace que las empresas grandes prefieran endeudarse afuera, que las pequeñas prefieran no hacerlo en el país (por eso recortan gastos y despiden gente) y que los colombianos terminen pagando tres veces sus casas. Volviendo a la familia: tampoco puede pedir un crédito hipotecario porque no puede pagarlo, tendría que concentrarse en reparar las goteras, cambiar los vidrios y resanar las paredes. Sin embargo, como nunca ahorró y vive con los justo, el presupuesto para remodelaciones es inexistente.
El posconflicto solo es posible si Colombia realiza grandes inversiones para corregir problemas históricos, como el acceso de los campesinos pobres a la tierra (se calcula un costo de 10 billones de pesos al año). Uno de los frentes más importantes es el de las vías de transporte que, hasta el momento, se ha resuelto con Iniciativas Público Privadas, una estrategia en la que el Estado se asocia con los privados para construir grandes carreteras.
Pero sin dinero para invertir en vías, los pueblos seguirían aislados. “Al tener autopistas, se mejora la interconexión entre las grandes ciudades, ¿pero cómo sacas la producción agrícola si no tienes vías y carreteras?”, se pregunta Ferrari. Sin ellas, ni los campesinos pueden vender sus productos ni las empresas abastecerlos. Sin esas ventas, tampoco podrían aumentar su producción ni contratar más gente.
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, ha buscado ayuda en el FMI para identificar de dónde saldrían los fondos para financiar el posconflicto. Foto por Emilio Aparicio / MinHAcienda, vía Flickr.
Claro, el panorama no es tan pesimista. Existe la opción de que el Gobierno emita bonos (deuda con pago a plazos) y se los venda al Banco de la República, que podría revendérselos a grandes inversionistas. Pero debe hacerlo con cuidado, porque, si se excede, puede aumentar la inflación. O, en palabras simples, que haya tanto dinero que encarezca los precios de alimentos, bienes básicos, servicios, haciendo más difícil que esa familia sobreviva. Y que pueda arreglar su casa.
Todas estas dudas han asaltado al Gobierno. Por eso, en octubre del año pasado, inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conformar un grupo técnico de estudio que analice las diferentes formas de financiamiento que tendría el posconflicto. En diálogo con RCN, Mauricio Cárdenas, ministro de hacienda, dijo que una de las vías a explorar es el aporte de otros países: “Vamos a buscar la mayor colaboración posible de la comunidad internacional porque la paz en Colombia es algo que le interesa a todo el mundo”.
Y en especial a su propios habitantes. Durante una sesión en el Congreso, ante la Comisión de Paz, Cárdenas afirmó: «La paz va a costar, pero menos que la guerra, que no solo ha sido una tragedia en lo humano sino también un impedimento al crecimiento económico durante 50 años».
Hasta el momento, la parte más bonita del posconflicto es el país que puede construirse. Los cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) señalan que, en un país donde los ataques de las guerrillas desaparecieran, la economía crecería 4,4% cada año. Una investigación de la Universidad de los Andes asegura que el país duplicaría su economía en 8,5 años. Hoy, en medio del conflicto, lo hace en 18,5 años.
De nuevo, son solo números. Teorías, proyecciones, “futorología” al fin y al cabo. No está mal pensar en un país ideal en el posconflicto; lo único es que el optimismo generalizado no debe ser excusa para olvidar los problemas caseros –y de vieja data– que debemos solucionar.
